En una declaración que ha sacudido el tablero político este 8 de enero de 2026, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha confirmado que el gobierno de Venezuela procederá a la liberación de un número significativo de presos, una medida que incluirá de manera destacada a ciudadanos extranjeros. Este anuncio se produce en un momento de máxima transformación para el país, tras los acuerdos alcanzados con la administración de Donald Trump para la estabilización del territorio y la recuperación del sector energético. Según Rodríguez, esta acción forma parte de un proceso de «pacificación y reencuentro nacional», buscando cerrar capítulos de conflictividad judicial que habían tensionado las relaciones exteriores durante años. Aunque no se ha publicado una lista definitiva, se espera que el proceso beneficie a figuras clave que han permanecido detenidas bajo cargos de conspiración, marcando un gesto de buena voluntad hacia la comunidad internacional.
Cooperación con Washington: El retorno de ciudadanos extranjeros
La inclusión de extranjeros en este paquete de liberaciones es el punto de mayor interés para la Casa Blanca. Diversos analistas sugieren que esta medida es una respuesta directa a las negociaciones de alto nivel donde Estados Unidos ha ofrecido alivio de sanciones a cambio de garantías democráticas y seguridad jurídica. Entre los posibles beneficiarios se encuentran ciudadanos estadounidenses y de otras nacionalidades que el Departamento de Estado había clasificado como «detenidos injustamente». Jorge Rodríguez enfatizó que Venezuela busca normalizar su estatus internacional, y la entrega de estos individuos a sus respectivos consulados es un paso fundamental para consolidar el deshielo diplomático de 2026. Esta decisión no solo facilita el retorno de personal de empresas como Chevron, sino que despeja el camino para que las misiones diplomáticas retomen sus funciones plenas en la capital venezolana.
El impacto político: Hacia una nueva estabilidad institucional
Este anuncio de liberaciones masivas tiene profundas implicaciones para la política interna de Venezuela. Al liberar a un grupo considerable de detenidos, el oficialismo intenta suavizar las presiones de los organismos de derechos humanos y facilitar la transición hacia un modelo de cohabitación política bajo supervisión externa. Para la oposición y los sectores civiles, este movimiento es visto como una victoria de la presión internacional, mientras que para el equipo de Donald Trump, representa una validación de su estrategia de «máxima presión negociada». Con este gesto, el 2026 se perfila como el año de la recomposición institucional, donde el intercambio de prisioneros y el alivio de sanciones se convierten en los pilares de una nueva Venezuela que busca reinsertarse en la economía global a través de la transparencia y el respeto a los tratados internacionales.
