En un movimiento estratégico para frenar la crisis habitacional en 2026, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo paquete de medidas centrado en el mercado del alquiler en España. La gran novedad reside en la creación de una desgravación fiscal para propietarios que acepten congelar o reducir los precios de los arrendamientos en las denominadas zonas tensionadas. Con esta medida, el Ejecutivo busca incentivar la estabilidad de los contratos de larga duración mediante beneficios directos en el IRPF para caseros, intentando compensar la falta de oferta sin recurrir únicamente a medidas punitivas. Según el anuncio oficial, aquellos arrendadores que mantengan la renta del año anterior podrán deducirse hasta un porcentaje significativo de los rendimientos netos, una herramienta de polÃtica de vivienda que pretende dar un respiro a los inquilinos asfixiados por la inflación.
El fin del vacÃo legal: Control estricto al alquiler por habitaciones
Sin embargo, el anuncio no solo incluye incentivos, sino también nuevas restricciones para cerrar las grietas de la ley actual. Sánchez ha confirmado que el Gobierno limitará el alquiler de habitaciones, una modalidad que se ha disparado en ciudades como Madrid y Barcelona para sortear los topes de precios de la Ley de Vivienda. Al equiparar la regulación del alquiler de habitaciones con la del alquiler de vivienda completa, el Estado busca evitar el fraude de ley y garantizar que este modelo no se convierta en una vÃa de escape para subir los precios de forma descontrolada. Esta nueva normativa de alquiler obligará a los propietarios a registrar estos contratos de forma especÃfica, asegurando que la suma de las habitaciones no supere el precio máximo de alquiler permitido para el inmueble en su conjunto, protegiendo asà a los sectores más vulnerables como estudiantes y jóvenes trabajadores.
Impacto en el sector inmobiliario: ¿Hacia una mayor estabilidad del mercado?
Estas reformas plantean un escenario de incertidumbre y esperanza a partes iguales para los inversores y las plataformas inmobiliarias. Mientras que las asociaciones de inquilinos aplauden el control sobre el alquiler compartido, los expertos en el sector inmobiliario español advierten sobre una posible retirada de inmuebles del mercado si la seguridad jurÃdica no acompaña a las ayudas fiscales. El éxito de esta desgravación dependerá de la agilidad administrativa para que los caseros perciban el beneficio de forma directa. En conclusión, el Gobierno de Sánchez apuesta por un modelo hÃbrido en este 2026: premiar la contención de precios con incentivos fiscales y perseguir las prácticas que encarecen el acceso al hogar. El objetivo final es estabilizar el derecho a la vivienda en un año donde el acceso al mercado inmobiliario sigue siendo el principal reto social del paÃs.
