En un giro diplomático sin precedentes este enero de 2026, el Departamento de Energía de Estados Unidos ha formalizado una oferta audaz para la estabilización de Venezuela: el alivio selectivo de sanciones y una inversión masiva en el sistema eléctrico nacional. A cambio, la administración de Donald Trump exige el control operativo y comercial de la producción petrolera venezolana por tiempo «indefinido». Según los informes oficiales, la red eléctrica del país suramericano ha sufrido una degradación del 30%, lo que impide alcanzar los niveles de bombeo necesarios para la recuperación económica. El plan estadounidense propone inyectar tecnología, repuestos y servicios técnicos especializados de socios internacionales para restaurar el flujo eléctrico, considerando que sin una red funcional es imposible estabilizar la industria petrolera. Los ingresos generados por estas ventas de crudo serían depositados en cuentas administradas por Washington para garantizar que se utilicen en la reconstrucción del país y en «oportunidades económicas» para los ciudadanos.
El control del petróleo: El modelo de 50 millones de barriles
Como base de este nuevo acuerdo, se ha establecido que Venezuela coloque de manera inmediata entre 30 y 50 millones de barriles de crudo almacenados en buques y terminales terrestres hacia puertos estadounidenses. El secretario de Energía, Chris Wright, ha señalado que este modelo de gestión permitirá que Estados Unidos maneje la comercialización del crudo venezolano en el mercado global «para el beneficio mutuo». Además, el acuerdo contempla el suministro de diluyentes estadounidenses hacia Venezuela, esenciales para optimizar la extracción y transporte del crudo pesado de la Faja del Orinoco. Esta estructura operativa busca desplazar la influencia de socios previos como China y Rusia, posicionando a las empresas estadounidenses y aliadas como los únicos actores con capacidad de inversión técnica y financiera. La Casa Blanca estima que, con la infraestructura eléctrica saneada, la producción podría experimentar un crecimiento sostenido en los próximos 18 meses.
Alivio de sanciones y el futuro del sector energético en 2026
El levantamiento selectivo de sanciones es la pieza que permite el reingreso de grandes petroleras internacionales al territorio venezolano. Aunque el marco de cumplimiento de la OFAC sigue vigente, este acuerdo abre una «vía rápida» para que empresas con capital estadounidense recuperen activos y reactiven proyectos detenidos por años. El impacto ya se siente en los mercados internacionales, donde el precio del petróleo de Texas (WTI) ha mostrado volatilidad ante la perspectiva de una mayor oferta venezolana en el corto plazo. Para el gobierno interino en Caracas, aceptar el control del petróleo a cambio de luz y electricidad representa un pragmatismo necesario para detener el colapso de los servicios públicos. Con este acuerdo de 2026, el sector energético venezolano entra en una fase de «administración externa» que promete transformar el país en el principal socio estratégico de Estados Unidos en el hemisferio occidental, utilizando el «oro negro» como el combustible para su propio renacimiento.
