En octubre de 2024, el Parlamento italiano aprobó una polémica ley que convierte la gestación subrogada en un delito universal, penalizando a los ciudadanos que recurran a esta práctica incluso fuera del país. Impulsada por el partido ultraderechista Hermanos de Italia y respaldada por la primera ministra Giorgia Meloni, la normativa establece penas de hasta dos años de prisión y multas de entre 600.000 y un millón de euros para quienes organicen, promuevan o participen en procesos de subrogación, ya sea con fines comerciales o altruistas. La ley modifica el artículo 12 de la legislación vigente desde 2004, ampliando su alcance más allá de las fronteras italianas.

La nueva ley convierte esta práctica en un “delito universal” con penas de cárcel y multas millonarias para ciudadanos italianos

El gobierno argumenta que la medida busca proteger la dignidad de las mujeres y evitar la explotación reproductiva, calificando la gestación subrogada como “la esclavitud del tercer milenio”. Sin embargo, la oposición y organizaciones LGBTQ+ han criticado la ley por su carácter discriminatorio y por afectar especialmente a parejas del mismo sexo que recurren a esta vía para formar familia. También se cuestiona la viabilidad legal de aplicar sanciones por actos realizados en países donde esta práctica es legal. El debate continúa, mientras Italia se convierte en uno de los países con la legislación más restrictiva en Europa sobre reproducción asistida.