La economía de China sigue enfrentando una desaceleración preocupante, y el sector inmobiliario es uno de los principales factores. Empresas como Evergrande y Country Garden, antes líderes del desarrollo urbano, han acumulado deudas millonarias, provocando incertidumbre en los mercados. Esta crisis ha generado retrasos en entregas de viviendas, caída en los precios y desconfianza entre inversionistas.

En julio de 2025, el PIB chino creció solo un 3,8 %, por debajo de las expectativas del gobierno. El consumo interno sigue débil y el desempleo juvenil supera el 20 %. Las autoridades han intentado implementar estímulos fiscales, recortes de tasas y flexibilización del crédito, pero los resultados aún son limitados. Los compradores temen que los proyectos no se terminen, lo que frena aún más la inversión en bienes raíces.

Una desaceleración prolongada con efectos internacionales

Este estancamiento tiene efectos globales. China es uno de los principales consumidores de materias primas, y su menor actividad impacta en países exportadores como Australia, Brasil y Chile. Además, afecta la confianza de los mercados financieros internacionales. El FMI ha ajustado a la baja su proyección de crecimiento mundial, citando a China como un riesgo clave.

El gobierno chino enfrenta un dilema: rescatar al sector podría crear dependencia y riesgo moral, pero dejarlo caer podría provocar una crisis más profunda. La política de “viviendas para vivir, no para especular”, promovida por Xi Jinping, busca reducir la burbuja, pero también enfría la economía.

Los próximos meses serán clave para observar si Beijing logra estabilizar la situación sin recurrir a rescates masivos. Lo que está claro es que la crisis inmobiliaria china no es solo un problema nacional: sus consecuencias económicas ya se sienten en todo el mundo.