El entorno legal que rodea al mandatario venezolano ha sumado un nuevo e inesperado capítulo de confusión procesal en las cortes internacionales. Este enero de 2026 se ha hecho público otro dolor de cabeza para Maduro: un abogado dijo representarlo, pero el juez lo retiró por no tener autorización oficial para actuar en nombre del Estado. El incidente ocurrió durante una audiencia clave relacionada con la protección de activos en el extranjero, donde el jurista intentó presentar alegatos en defensa de la administración de Caracas. Sin embargo, al ser interpelado por el magistrado sobre sus credenciales y el mandato específico firmado por la oficina de la Procuraduría, el abogado no pudo presentar el sustento legal requerido. Esta situación ha dejado en evidencia una grave falta de coordinación en la defensa del gobierno, generando un vacío jurídico que los acreedores han aprovechado para avanzar en sus reclamaciones.
Falta de acreditación y descrédito procesal: Un revés estratégico
La decisión del juez no solo fue un trámite administrativo, sino un golpe directo a la estrategia de defensa de Miraflores. El hecho de que surgiera otro dolor de cabeza para Maduro cuando el juez retiró al abogado por no tener autorización pone de relieve la desarticulación que sufren sus equipos legales ante la presión de las sanciones y el cerco diplomático. Según fuentes cercanas al tribunal, el jurista fue expulsado de la sala tras una breve pero tensa deliberación en la que se determinó que su presencia carecía de base legal legítima. Este error de procedimiento ha sido calificado por analistas internacionales como una muestra de «amateurismo jurídico» que debilita la posición de Venezuela en litigios donde se juegan miles de millones de dólares, dejando al mandatario en una situación de indefensión técnica ante la mirada atónita de la comunidad financiera global.
Las consecuencias de la improvisación legal en 2026
En conclusión, este tropiezo en los tribunales marca un precedente peligroso para los futuros juicios que enfrenta el ejecutivo venezolano. Al confirmarse que el juez retiró al abogado por no tener autorización, se abre un debate sobre quién tiene realmente la potestad de hablar por el Estado en un clima de dualidad política e incertidumbre institucional. En este 2026, la improvisación en las cortes internacionales se paga cara, y este nuevo dolor de cabeza para Maduro podría traducirse en la pérdida definitiva de recursos soberanos que se encuentran congelados. Para el gobierno venezolano, el reto ahora no solo es defenderse de las demandas, sino profesionalizar una red de abogados que sea capaz de cumplir con los rigurosos estándares de las cortes occidentales, evitando que errores de forma sigan sepultando cualquier posibilidad de victoria en el fondo de los litigios.
