La administración de ha iniciado una nueva fase de presión máxima que busca el control total de los flujos energéticos en el hemisferio. Se ha confirmado que EE.UU. solicita órdenes judiciales para incautar buques petroleros vinculados a Venezuela, una medida que busca legalizar la captura de decenas de embarcaciones en aguas internacionales. En este 15 de enero de 2026, el Departamento de Justicia ha presentado múltiples acciones de confiscación civil en tribunales federales, argumentando que estos activos forman parte de una «flota fantasma» utilizada para evadir las sanciones y financiar estructuras estatales. Esta estrategia jurídica acompaña al bloqueo naval iniciado en diciembre, otorgando a la Guardia Costera y a la Armada el respaldo legal necesario para interceptar cargamentos de crudo y derivados antes de que lleguen a sus destinos en Asia o Europa.
Operación Southern Spear: Incautaciones en tiempo real
La ejecución de estas órdenes ya está produciendo resultados tangibles en los océanos del mundo. Al observar cómo EE.UU. solicita órdenes judiciales para incautar buques, queda claro que el Pentágono está actuando con una celeridad sin precedentes; solo en lo que va de enero de 2026, barcos como el Marinera (bajo bandera rusa) y el M/T Sophia han sido abordados por equipos tácticos tras la emisión de mandatos federales. El portavoz del Pentágono ha sido enfático al declarar que «cazarán y prohibirán todos los buques de la flota oscura» en el momento y lugar que consideren oportuno. Estas capturas no solo implican la pérdida de la carga de petróleo, valorada en millones de dólares, sino la confiscación definitiva de la propiedad de los buques, los cuales son escoltados hasta puertos estadounidenses en Texas y Florida para su disposición final bajo custodia del Tesoro.
Impacto en el mercado global: El control del crudo en 2026
En conclusión, esta maniobra legal y militar busca reconfigurar el mercado petrolero de la región para finales de este 2026. El hecho de que EE.UU. solicite incautar buques petroleros vinculados a Venezuela envía un mensaje de disuasión a las empresas navieras internacionales: cualquier colaboración con el transporte de crudo sancionado conlleva el riesgo de perder el activo de forma permanente. Mientras el Secretario de Energía asegura que las empresas estadounidenses están «listas para ponerse a trabajar» en la reconstrucción de la industria local, la incautación de estos buques garantiza que los ingresos derivados de las ventas actuales permanezcan en cuentas controladas por Washington. Para los analistas, este es el paso definitivo para asegurar que el petróleo venezolano solo se comercialice bajo la supervisión directa de los Estados Unidos, cerrando así el ciclo de ingresos no auditados que sostenía al gobierno anterior.
