Recuperar la gloria de la industria petrolera venezolana y alcanzar la mítica cifra de 3 millones de barriles diarios (bpd) es el objetivo central de la agenda económica de 2026. Tras años de estancamiento, la producción ha mostrado señales de vida cerrando el 2025 en torno a los 1,2 millones de bpd, pero el camino hacia los tres millones requiere cambios estructurales profundos. El primer requisito indispensable es una inversión masiva y sostenida. Según informes recientes de consultoras como Rystad Energy y especialistas del sector, el país necesita una inyección de capital cercana a los 12.000 millones de dólares anuales durante al menos una década. Este dinero es vital no solo para la perforación de nuevos pozos en la Faja Petrolífera del Orinoco, sino para la rehabilitación crítica de refinerías, oleoductos y plantas mejoradoras que hoy operan a una fracción de su capacidad instalada.
Reforma legislativa y seguridad jurídica: El imán para el capital privado
Más allá de la infraestructura física, el segundo pilar para la recuperación petrolera es la transformación del marco legal. En este enero de 2026, la Asamblea Nacional avanza en una reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos que busca otorgar mayor control y participación a las empresas privadas. Para que gigantes como Chevron, Repsol o nuevas operadoras estadounidenses apuesten por el país, es fundamental establecer una seguridad jurídica inquebrantable que proteja las inversiones a largo plazo. Esto incluye la formalización de contratos de participación directa y la eliminación de trabas burocráticas que históricamente han asfixiado la operatividad de las empresas mixtas. Sin un entorno regulatorio transparente y competitivo, el capital extranjero —necesario para aportar la tecnología de punta que requiere el crudo extrapesado venezolano— difícilmente fluirá en las cantidades necesarias para triplicar la producción actual.
Estabilidad política y el fin de los cuellos de botella operativos
El tercer requisito clave para volver a los 3 millones de barriles es la estabilización del entorno político y diplomático. El reciente acercamiento comercial con Estados Unidos y la flexibilización de las licencias operativas han permitido un respiro financiero, pero para escalar la producción se requiere el levantamiento total de las sanciones que aún limitan el acceso a repuestos y diluyentes esenciales (como la nafta). Asimismo, es urgente una despolitización de PDVSA, priorizando la meritocracia y la formación de personal técnico calificado que ha emigrado en los últimos años. Si se logra combinar la inversión masiva, una ley de hidrocarburos moderna y un clima de paz política, Venezuela podría ver un crecimiento sostenido del 18% anual, acercándose gradualmente a su potencial histórico y recuperando su peso estratégico en el mercado energético global para finales de esta década.
